lunes, 2 de enero de 2017

¿Por qué el gobierno mexicano nacionalizó la banca en 1982? El clímax del estatismo en México



En el moderno sistema capitalista, las instituciones financieras son un elemento clave, el engranaje que en tiempos de bonanza acelera su movimiento y en épocas de caos amenaza con destruirlo. Los bancos administran el capital ajeno, lo prestan a quien está en capacidad de devolverlo (o no) y logran la milagrosa multiplicación de los panes. El sistema bancario es un pilar de la ideología política y económica del liberalismo: asociaciones anónimas que proveen de recursos a los individuos y administran el combustible que alimenta la gran maquinaria de la acumulación de capital.

La concepción liberal del estado sostiene que los bancos, como los sectores productivos, operan mejor si se les deja hacer, si son poseídos por individuos asociados libremente, si operan de acuerdo con los principios de competencia perfecta en un entorno de mercado en el que los contratos se respetan y la propiedad privada es inviolable.

Por otro lado, la acción del Estado ha buscado limitar y encauzar la actividad bancaria, fomentarla lo suficiente para que contribuya al progreso económico pero limitando los obvios excesos en que caen los hombres de carne y hueso cuando poseen o administran recursos. El Estado ha sido usuario de los sistemas bancarios: solicita créditos de la banca para financiar las obras públicas, y le suministra con divisas, sobre todo en períodos de crisis. La tarea del Estado, según el liberalismo, es cuidar que se respeten los acuerdos y que la propiedad sea sagrada, esto aplica al sistema bancario cuando la legislación es favorable a la actividad del capital pero previene los actos violatorios y fraudulentos, y sobre todo garantiza la propiedad de los bancos.

En 1982 el Estado desarrollista mexicano cae en su peor crisis, cuando la baja en los precios del petróleo, el alza en las tasas de interés, la fuga de capitales y la confrontación entre el sector privado y el público se conjugan y obligan al gobierno a tomar medidas contundentes para intentar remediar la crisis. El primer día de Septiembre en su último informe presidencial, José López Portillo decreta la nacionalización de los bancos privados del país para poner en marcha un control de cambios que buscaba detener los efectos de la devaluación del peso. Acusa a los banqueros de traicionar a la patria, de saquear a México, por su actuación durante la fuga de divisas de ese año. Es una obvia transgresión del principio de propiedad, por el actor que según la ideología liberal, debería garantizarla: el Estado. Los banqueros se dicen robados, despojados por un acto incuestionablemente inconstitucional, pero es inútil: el Presidente era todopoderoso y podía legalizar a posteriori sus actos.

La lógica detrás de la Nacionalización de la Banca era financiera a la vez que política. López Portillo intentó responsabilizar del caos económico a los banqueros nacionales a la vez que al transferir los bancos al sector público garantizaba la posesión de recursos con los que financiar el funcionamiento del gobierno tras la crisis. Sin embargo los efectos de 1982 en todos los sectores de la sociedad fueron gravísimos y JLP pasó a la historia como irresponsable apostador, macho mexicano y poco menos que un perro. Su acto final de gobierno le representó un inmenso costo político que no pudo pagar.


"1982, la decisión del presidente", documental sobre la nacionalización de la banca realizado por los banqueros expropiados

Seis años después, las consecuencias de romper el pacto social entre gobierno, capital y trabajo cristalizan en una oposición temible por ambos lados del espectro político que amenaza con derrotar en las elecciones al Partido oficial: el candidato nacionalista que lleva tras de sí las fuerzas populares, heredero de un nombre y una ideología histórica, Cuauhtémoc Cárdenas; por el otro lado el candidato de las clases medias y altas que se sintieron defraudadas con el golpe del 1 de Septiembre, el empresario Manuel Clouthier. En medio de ellos, empequeñecido, el tecnócrata y neoliberal Secretario de Programación y artífice de recortes al presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. El desenlace era previsible, el seis de julio se perpetró un fraude monumental que no convenció a nadie, el cual pondría en una dificilísima posición al mandatario entrante. Sin embargo sus acciones posteriores, como todo su sexenio, evidenciarían el maquiavelismo y la astucia política de Salinas, que por la puerta de atrás entraría a la historia mexicana para ser uno de sus actores más determinantes.

Sabiendo que la nueva izquierda aglutinada no pactaría, se aproximó a la derecha. En reuniones secretas con la cúpula panista, Salinas se comprometió a deshacer la epopeya lopezportillista, y reprivatizar la banca para convencerlos de legitimar su “triunfo” electoral. Con la reticencia inicial de Clouthier, los convenció.

Sin embargo, Salinas también tenía que responder al ala más tradicional y nacionalista del Partido oficial (los cariñosamente denominados dinosaurios) que, alebrestados por la defección de Cárdenas y miles de simpatizantes, no aceptarían ver revertida la nacionalización. El compromiso alcanzado fue el siguiente: los bancos volverían a ser privados, pero no de sus viejos dueños. Esta decisión, que buscaba crear una nueva burguesía financiera afín a Salinas, se demostraría fatal en 1994.

De acuerdo con el monumental estudio La privatización bancaria en México de Francisco Ibarra Palafox, la devolución de los bancos al sector privado obedeció a evidentes necesidades políticas de un candidato ilegítimo que buscaba echar a andar su proyecto de estado. Según Ibarra, este proceso estuvo muy alejado de lo que debió ser de acuerdo al ideal liberal: las intromisiones del Estado y la discrecionalidad con que se realizó determinaron que la privatización fuera apresurada, desaseada y peligrosa para el futuro desarrollo de la economía nacional.

La privatización, de acuerdo con Ibarra, adoleció de graves vicios y de inconstitucionalidad inherente, para demostrarlo hace uso de un impresionante aparato de interpretación jurídica y de su conocimiento del proceso al haberse desempeñado como asesor bancario. Cada desincorporación bancaria es estudiada y el estado de cada banco, antes y después del proceso, confirma las hipótesis del autor. Los bancos nacionalizados se debieron entregar a sus nuevos dueños en un período brevísimo (menos de dos años) lo que contribuyó a la opacidad y a un tremendo sobreprecio, nunca visto en ningún proceso de privatización bancaria en el mundo.

Los nuevos banqueros en muchos de los casos carecían de experiencia en instituciones financieras, y eran además sujetos de escasa calidad moral (como lo demostraron los casos Cabal Peniche y Lankenau), pero además, la desregulación implementada por el gobierno salinista contribuyó a dar cancha libre a sus acciones, y el sistema bancario mexicano se comportó desde entonces como nuevo rico, prestando y prestándose más allá de sus posibilidades y jugando a la economía casino con fichas que, como se demostraría después, acabaría pagando el pueblo de México, primero con la gravísima crisis de diciembre de 1994, y con el posterior rescate bancario implementado por la administración Zedillo y legalizado por Vicente Fox.


La privatización bancaria en México, editorial Siglo XXI



El valor historiográfico de este trabajo, que es de por sí importante en los aspectos jurídicos, políticos y económicos, yace en que señala la intersección de factores, procesos y acciones que determinan los acontecimientos históricos, desde la expropiación de 1982 hasta la crisis decembrina de 1994 a través del proceso de privatización bancaria. El extenso trabajo de Ibarra y su equipo permiten adentrarnos en la historia reciente de México, tan determinante para nuestro momento actual, pero también hace ver que la implementación de mercados en todos los aspectos de la economía, y el retiro del Estado de los ámbitos de regulación, muy lejos de llevar a un funcionamiento ideal de modelos conducen, en la vida real, a complicidades y corruptelas que tienen un duradero y gravísimo impacto en toda la sociedad.

PARA SABER MÁS

Anaya, M. (2008). 1988: el año que calló el sistema. Editorial Debate. Un libro casi inconseguible que documenta el arreglo entre la cúpula panista y el equipo de Salinas.

Cárdenas, E. (1994). La política económica en México 1950-1994. Fondo de Cultura Económica. Un libro fundamental para entender la economía de los gobiernos priístas, por uno de los más destacados historiadores económicos de la actualidad.

López Portillo, J.(1988) Mis tiempos: biografía y testimonio político. Fernández Editores. Las voluminosas memorias políticas de López Portillo, donde justifica sus acciones.

Tello, C. & Cordera, R. (1981). México, la disputa por la nación: perspectivas y opciones del desarrollo. Donde se explica la división en el seno del partido oficial entre nacionalistas y tecnócratas que llevó en 1987 a la escisión que resultaría en el PRD.