En
el moderno sistema capitalista, las instituciones financieras son un elemento
clave, el engranaje que en tiempos de bonanza acelera su movimiento y en épocas
de caos amenaza con destruirlo. Los bancos administran el capital ajeno, lo
prestan a quien está en capacidad de devolverlo (o no) y logran la milagrosa
multiplicación de los panes. El sistema bancario es un pilar de la
ideología política y económica del liberalismo: asociaciones anónimas que
proveen de recursos a los individuos y administran el combustible que alimenta
la gran maquinaria de la acumulación de capital.
La
concepción liberal del estado sostiene que los bancos, como los sectores
productivos, operan mejor si se les deja
hacer, si son poseídos por individuos asociados libremente,
si operan de acuerdo con los principios de competencia perfecta en un entorno
de mercado en el que los contratos se respetan y la propiedad privada es
inviolable.
Por
otro lado, la acción del Estado ha buscado limitar y encauzar la actividad
bancaria, fomentarla lo suficiente para que contribuya al progreso económico
pero limitando los obvios excesos en que caen los hombres de carne y hueso
cuando poseen o administran recursos. El Estado ha sido usuario
de los sistemas bancarios: solicita créditos de la banca para financiar las
obras públicas, y le suministra con divisas, sobre todo en períodos de crisis.
La tarea del Estado, según el liberalismo, es cuidar que se respeten los
acuerdos y que la propiedad sea sagrada, esto aplica al sistema bancario cuando
la legislación es favorable a la actividad del capital pero previene los actos
violatorios y fraudulentos, y sobre todo garantiza la propiedad de los bancos.
En
1982 el Estado desarrollista mexicano cae en su peor crisis, cuando la baja en
los precios del petróleo, el alza en las tasas de interés, la fuga de capitales
y la confrontación entre el sector privado y el público se conjugan y obligan
al gobierno a tomar medidas contundentes para intentar remediar la crisis. El
primer día de Septiembre en su último informe presidencial, José López Portillo
decreta la nacionalización de los bancos privados del país para poner en marcha
un control de cambios que buscaba detener los efectos de la devaluación del
peso. Acusa a los banqueros de traicionar a la patria, de saquear a México, por
su actuación durante la fuga de divisas de ese año. Es una obvia transgresión
del principio de propiedad, por el actor que según la ideología liberal,
debería garantizarla: el Estado. Los banqueros se dicen robados, despojados por
un acto incuestionablemente inconstitucional,
pero es inútil: el Presidente era todopoderoso y podía legalizar a posteriori
sus actos.
La
lógica detrás de la Nacionalización de la Banca era financiera a la vez que
política. López Portillo intentó responsabilizar del caos económico a los
banqueros nacionales a la vez que al transferir los bancos al sector público
garantizaba la posesión de recursos con los que financiar el funcionamiento del
gobierno tras la crisis. Sin embargo los efectos de 1982 en todos los sectores
de la sociedad fueron gravísimos y JLP pasó a la historia como irresponsable
apostador, macho mexicano y poco menos que un perro. Su acto final de gobierno
le representó un inmenso costo político que no pudo pagar.
"1982, la decisión del presidente", documental sobre la nacionalización de la banca realizado por los banqueros expropiados
Seis
años después, las consecuencias de romper el pacto social entre gobierno,
capital y trabajo cristalizan en una oposición temible por ambos lados del
espectro político que amenaza con derrotar en las elecciones al Partido
oficial: el candidato nacionalista que lleva tras de sí las fuerzas populares,
heredero de un nombre y una ideología histórica, Cuauhtémoc Cárdenas; por el
otro lado el candidato de las clases medias y altas que se sintieron
defraudadas con el golpe del 1 de Septiembre, el empresario Manuel Clouthier.
En medio de ellos, empequeñecido, el tecnócrata y neoliberal Secretario de
Programación y artífice de recortes al presupuesto, Carlos Salinas de Gortari.
El desenlace era previsible, el seis de julio se perpetró un fraude monumental
que no convenció a nadie, el cual pondría en una dificilísima posición al
mandatario entrante. Sin embargo sus acciones posteriores, como todo su
sexenio, evidenciarían el maquiavelismo y la astucia política de Salinas, que
por la puerta de atrás entraría a la historia mexicana para ser uno de sus
actores más determinantes.
Sabiendo
que la nueva izquierda aglutinada no pactaría, se aproximó a la derecha. En
reuniones secretas con la cúpula panista, Salinas se comprometió a deshacer la epopeya lopezportillista, y reprivatizar
la banca para convencerlos de legitimar su “triunfo” electoral. Con la
reticencia inicial de Clouthier, los convenció.
Sin
embargo, Salinas también tenía que responder al ala más tradicional y
nacionalista del Partido oficial (los cariñosamente denominados dinosaurios) que, alebrestados por la
defección de Cárdenas y miles de simpatizantes, no aceptarían ver revertida la
nacionalización. El compromiso alcanzado fue el siguiente: los bancos volverían
a ser privados, pero no de sus viejos dueños. Esta decisión, que buscaba crear
una nueva burguesía financiera afín a Salinas, se demostraría fatal en 1994.
De
acuerdo con el monumental estudio La
privatización bancaria en México de Francisco Ibarra Palafox, la devolución
de los bancos al sector privado obedeció a evidentes necesidades políticas de
un candidato ilegítimo que buscaba echar a andar su proyecto de estado. Según
Ibarra, este proceso estuvo muy alejado de lo que debió ser de acuerdo al ideal
liberal: las intromisiones del Estado y la discrecionalidad con que se realizó
determinaron que la privatización fuera apresurada, desaseada y peligrosa para
el futuro desarrollo de la economía nacional.
La
privatización, de acuerdo con Ibarra, adoleció de graves vicios y de
inconstitucionalidad inherente, para demostrarlo hace uso de un impresionante
aparato de interpretación jurídica y de su conocimiento del proceso al haberse
desempeñado como asesor bancario. Cada desincorporación bancaria es estudiada y
el estado de cada banco, antes y después del proceso, confirma las hipótesis
del autor. Los bancos nacionalizados se debieron entregar a sus nuevos dueños
en un período brevísimo (menos de dos años) lo que contribuyó a la opacidad y a
un tremendo sobreprecio, nunca visto en ningún proceso de privatización
bancaria en el mundo.
Los
nuevos banqueros en muchos de los casos carecían de experiencia en
instituciones financieras, y eran además sujetos de escasa calidad moral (como
lo demostraron los casos Cabal Peniche y Lankenau), pero además, la desregulación
implementada por el gobierno salinista contribuyó a dar cancha libre a sus
acciones, y el sistema bancario mexicano se comportó desde entonces como nuevo
rico, prestando y prestándose más allá de sus posibilidades y jugando a la
economía casino con fichas que, como se demostraría después, acabaría pagando
el pueblo de México, primero con la gravísima crisis de diciembre de 1994, y
con el posterior rescate bancario implementado por la administración Zedillo y
legalizado por Vicente Fox.
La privatización bancaria en México, editorial Siglo XXI
PARA SABER MÁS
Anaya, M. (2008). 1988: el año que calló el sistema. Editorial Debate. Un libro casi inconseguible que documenta el arreglo entre la cúpula panista y el equipo de Salinas.
Cárdenas, E. (1994). La política económica en México 1950-1994. Fondo de Cultura Económica. Un libro fundamental para entender la economía de los gobiernos priístas, por uno de los más destacados historiadores económicos de la actualidad.
López Portillo, J.(1988) Mis tiempos: biografía y testimonio político. Fernández Editores. Las voluminosas memorias políticas de López Portillo, donde justifica sus acciones.
Tello, C. & Cordera, R. (1981). México, la disputa por la nación: perspectivas y opciones del desarrollo. Donde se explica la división en el seno del partido oficial entre nacionalistas y tecnócratas que llevó en 1987 a la escisión que resultaría en el PRD.
